«El reclamo fue escuchado»: Valdés valoró acuerdo con Nación por tarifas

El Gobernador presentó como un logro el acuerdo con Economía para ampliar el consumo eléctrico alcanzado por una tarifa diferenciada. El beneficio aún depende del Senado y de una resolución nacional, en una negociación que también mide el vínculo actual.

La reunión del martes en Buenos Aires terminó con un acuerdo que Juan Pablo Valdés y varios de sus pares buscaba desde hacía tiempo: ampliar los bloques de consumo eléctrico alcanzados por una tarifa diferenciada durante los meses de mayor demanda. No es todavía una medida ejecutada ni un beneficio automático. Falta la aprobación definitiva de la Ley de Zonas Frías y, después, la resolución del Ministerio de Economía que deberá instrumentar el nuevo esquema.

Pero el dato político de la jornada fue otro: los gobernadores del Norte Grande consiguieron sentarse con funcionarios nacionales para discutir una cuestión que consideran central para sus economías. Y Corrientes salió de esa mesa con un compromiso concreto.

«Fue una reunión muy productiva», resumió Valdés. Según explicó, el planteo había sido trabajado previamente «con todos los legisladores, con todos los gobernadores del Norte Grande». La respuesta de Nación, en su lectura, significó un cambio: «El reclamo fue escuchado».

El acuerdo tiene una condición determinante. El Senado debería aprobar el próximo 26 de agosto la modificación del régimen de Zonas Frías, que ya cuenta con media sanción de Diputados. A partir de allí, según el compromiso transmitido por Economía, Nación dictaría una resolución para establecer los bloques correspondientes a las denominadas Zonas Cálidas y Muy Cálidas.

Valdés se ocupó de diferenciar este mecanismo de un subsidio convencional. «El subsidio es un aporte que se le da y la tarifa diferenciada es un diferencial en el valor del costo del kilovatio», explicó. La intención es que el menor costo se refleje directamente en la factura del usuario.

Para Corrientes, el Gobernador planteó además una segunda batalla: que toda la provincia pueda ser considerada Zona Muy Cálida. La gestión se realiza junto con el interventor de la DPEC, Pablo Cuenca, y busca ampliar todavía más el universo alcanzado.

El esquema anunciado contempla que la base de consumo subsidiada pase de 150 a 300 kilovatios durante todo el año y que, entre noviembre y abril, llegue a 500 kilovatios. Valdés estimó que la medida podría alcanzar a más de 180.000 hogares. El criterio de acceso estaría vinculado a ingresos inferiores a tres canastas básicas, unos $3,7 millones según la referencia dada por el mandatario.

La advertencia está en los tiempos. «No es automático», aclaró Valdés. Si la ley es aprobada la semana próxima, estimó que la resolución podría entrar en vigencia durante la primera semana de septiembre. El subsidio que recibe Corrientes, además, se mantiene. La deuda de CAMMESA no fue abordada y constituye una discusión diferente.

«El diferencial va directo al bolsillo de los usuarios», afirmó Valdés. Y remarcó que no representa un beneficio directo para las cuentas provinciales ni para la DPEC. «Eso es lo que estábamos buscando con los gobernadores. Creo que después de mucho tiempo de lucha pudimos ser escuchados o atendidos», dijo.

La discusión tarifaria funciona, en ese sentido, como una fotografía del vínculo que Nación está construyendo con los gobernadores. El encuentro reunió a Valdés con mandatarios del Norte Grande y tuvo como principales interlocutores al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo, además de funcionarios del área energética.

Para las provincias, la cuestión tiene una dimensión económica evidente. El planteo parte de una asimetría que Valdés ya había expuesto: mientras otras regiones cuentan con mecanismos diferenciales, el Norte Grande sostiene buena parte de su actividad con electricidad y enfrenta costos que afectan su competitividad.

«Cuando nos sentamos en esas reuniones notamos la cantidad de falencias que tiene el Norte Grande», había planteado Valdés. La discusión, entonces, no se agota en cuánto pagará cada usuario: también expresa una demanda por condiciones más equilibradas para producir, invertir y generar empleo.

Ahí aparece la dimensión política del acuerdo. La Casa Rosada necesita construir consensos provinciales para una agenda legislativa que incluye el Presupuesto, la reforma electoral y modificaciones vinculadas al Banco Central. Los gobernadores, a su vez, necesitan respuestas concretas para sus provincias.

El acuerdo tarifario puede leerse como una señal. No supone necesariamente un alineamiento político de Corrientes con el Gobierno nacional, pero sí confirma la decisión de Valdés de sostener un canal de negociación abierto y utilizarlo para defender demandas específicas de la provincia.

Ahora empieza la parte más delicada: transformar el compromiso en una norma efectiva.

Extraído de: ÉPOCA