La CGT evalúa un paro general contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei

El proyecto ya fue aprobado por el Senado, pero el oficialismo evalúa introducir correcciones vía decreto reglamentario -especialmente en lo referido a las licencias médicas- para evitar que la iniciativa deba regresar a la Cámara alta.

La conducción de la CGT analizará este lunes 16 de febrero a las 11, en reunión de su Consejo Directivo, la convocatoria a un paro general de 24 horas contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. De concretarse, sería la cuarta huelga nacional contra la actual administración.

La definición llegará en la antesala de la posible sesión en la Cámara de Diputados prevista para el jueves 19, donde el oficialismo buscará avanzar con el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. En ese contexto, la central sindical también prepara una eventual impugnación judicial por presunta inconstitucionalidad de algunos artículos.

Uno de los datos más relevantes es la confirmación de la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que nuclea a los choferes de colectivos en todo el país y que es conducido por Roberto Fernández. La UTA ya anticipó que acompañará la medida si la CGT la formaliza. En el último paro, realizado el 10 de abril, no se había sumado debido a una conciliación obligatoria dictada por el Gobierno.

También manifestaron su respaldo La Fraternidad, liderada por Omar Maturano; la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezada por Juan Carlos Schmid; y los sindicatos que integran el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), entre ellos la UOM, ATE, el gremio de Aceiteros y las dos CTA. La eventual confluencia de estos sectores anticipa un alto impacto en los servicios públicos y la actividad económica.

El punto más controvertido de la reforma es el artículo 44, aprobado en el Senado, que modifica el esquema de pago de licencias por enfermedad o accidente no laboral. El texto establece que el trabajador percibirá el 50% del salario en el caso general y el 75% si no hubo acción voluntaria ni conocimiento previo del riesgo. En la actualidad, el régimen contempla el 100% del salario.

Desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a reducir el ausentismo y la litigiosidad laboral. La jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que «existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso».

En la vereda opuesta, sindicatos y bloques opositores consideran que se trata de un retroceso en derechos laborales consolidados y advierten sobre el impacto económico que tendría en trabajadores con problemas de salud. Como alternativa, se analiza que los casos graves continúen percibiendo el 100% del salario.

Además, parte del PRO manifestó disconformidad con la prohibición del pago de salarios mediante billeteras digitales, lo que abre un nuevo frente de negociación parlamentaria.

Extraído de: ÉPOCA