Causa Malvinas: el Gobierno endurece sanciones a petroleras extranjeras y construirá una base naval en Tierra del Fuego

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En un mensaje emitido por cadena nacional y acompañado por la totalidad de su Gabinete, el presidente Javier Milei anunció un paquete de medidas estratégicas orientadas a reforzar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y frenar de manera inmediata la explotación petrolífera offshore del proyecto Sea Lion, operado por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas bajo ocupación británica.

Durante su alocución, el mandatario ratificó los derechos históricos del país al sostener que «las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho; no hay discusión al respecto», remarcando que los habitantes del archipiélago «no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación». Acto seguido, alertó sobre los avances hidrocarburíferos en la zona: «Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses. De no actuar con firmeza y celeridad, el Reino Unido tendrá la capacidad material de apropiarse de las reservas que yacen bajo nuestro mar».

Frente a este escenario, el Ejecutivo dispuso la firma de dos decretos inmediatos. El primero agiliza los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659 contra las empresas que participen de extracciones no autorizadas en plataforma continental argentina, extendiendo la inhabilitación para operar en territorio nacional a firmas asociadas, accionistas, directores y proveedores. El segundo, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), incrementa los recursos del Ministerio de Defensa para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y modernizar las telecomunicaciones en el Atlántico Sur, con el fin de consolidar un polo logístico y geopolítico clave en la región.

En paralelo, Milei adelantó el envío al Congreso con carácter urgente de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional estructurado bajo tres ejes: la equiparación de penas para proveedores de iniciativas ilegales e implementación de juicios en ausencia; la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional para articular Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía; y la delegación de facultades al organismo para aplicar represalias económicas y diplomáticas ante amenazas a los intereses estratégicos del país. Concluyó con un llamado a todas las fuerzas políticas a conformar un frente unificado en defensa de la causa Malvinas.

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